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Panorama General
En Nicaragua, la libertad religiosa se ejerce en un contexto de concentración de poder y autoritarismo, donde el gobierno Ortega-Murillo percibe a las iglesias y líderes cristianos como actores con influencia social y, por ello, las iglesias no alineadas con el discurso y acción estatales son sometidas a vigilancia, presión institucional y restricciones crecientes, provocando el cierre de cientos de iglesias y organizaciones cristianas.
El Global Expression Report 2025 ubica a Nicaragua entre los países con mayor deterioro en libertad de expresión en Latinoamérica, marcado por censura, persecución de la disidencia y un control estatal cada vez más intrusivo. Freedom House refuerza este diagnóstico al otorgar a Nicaragua un puntaje de 14/100 y clasificarlo como país “Not Free”, señalando la consolidación autoritaria y el progresivo cierre del espacio cívico. En este contexto, algunas iglesias han reducido su actividad ministerial por temor a represalias, adoptando formas de autocensura para evitar sanciones, expulsiones o intervenciones estatales, lo que limita de manera significativa su capacidad de acción pastoral y comunitaria.
¿Qué genera la vulneración de la libertad religiosa?
Las principales causas de vulneración incluyen:
La centralización del poder en el partido gobernante
La percepción de las iglesias como agentes desestabilizadores
Un marco legal diseñado para controlar y sancionar la actividad religiosa y social
Altos niveles de corrupción, impunidad y crimen organizado
Estas dinámicas han reducido significativamente el margen de acción de las comunidades cristianas.
¿Cómo se ven afectados los cristianos?
Las iglesias y organizaciones cristianas enfrentan:
Hostigamiento policial, vigilancia y seguimiento constante
Procesos judiciales, arrestos y cancelación de personalidad jurídica
Cierre de templos, universidades y organizaciones cristianas
Confiscación de bienes y expulsión de líderes del país
Marco legal: ¿existe libertad religiosa?
Aunque formalmente no existe una prohibición explícita contra la Iglesia, el gobierno ha desarrollado un conjunto de leyes y normas que permite intervenir, sancionar y cerrar organizaciones religiosas bajo argumentos de orden público, control administrativo o supuestos actos ilícitos. Las autoridades cuentan con amplias facultades para incautar bienes y cancelar asociaciones, mientras que organismos internacionales han documentado graves restricciones a la libertad de expresión, asociación y religión, así como un clima de impunidad frente a violaciones de derechos humanos.
Nuestro Trabajo en Nicaragua
Capacitación
Capacitación a líderes e iglesias para responder con resiliencia ante contextos de presión.
Incidencia
Fortalecimiento comunitario y social.
