Cuba

Panorama General

En Cuba, existe un control político centralizado que limita la autonomía de las iglesias y condiciona su participación en la vida social. Freedom House califica al país con 10/100 (Not Free), señalando que el Estado penaliza la crítica y restringe severamente las libertades civiles.

Aunque la Constitución de 2019 reconoce formalmente la libertad religiosa, esta se encuentra subordinada a leyes que amplían el control estatal sobre las actividades de las iglesias. Cualquier postura que se perciba como crítica al gobierno puede derivar en hostigamiento, detenciones y restricciones operativas.

10/100

Puntaje Freedom House

Control Estatal

Restricción Sistemática

Las comunidades cristianas que buscan ejercer su fe de manera independiente o que se involucran en temas de derechos humanos y justicia social operan bajo vigilancia constante y presión institucional.

¿Qué genera la vulneración?

Las iglesias enfrentan vulneración cuando:

Modelo político autoritario que restringe la participación social

Marcos legales diseñados para regular y controlar la actividad religiosa

Censura y vigilancia de actividades públicas, privadas y digitales

Presión institucional ante la defensa de derechos fundamentales

Esta estructura de control busca garantizar que ninguna organización, incluidas las iglesias, opere fuera del marco ideológico y político establecido por el gobierno.

¿Cómo se ven afectados los cristianos?

Las comunidades cristianas pueden enfrentar:

Citatorios, interrogatorios y detenciones arbitrarias

Campañas de hostigamiento y difamación

Restricciones a la movilidad y reunión

Vigilancia constante y normalización de las restricciones

Además, las iglesias que no se alinean con las directrices oficiales pueden enfrentar negación de permisos para construcción, renovación o actividades públicas, así como dificultades para el acceso a recursos materiales y educativos.

Marco legal: ¿existe libertad religiosa?

La Constitución de 2019 reconoce formalmente la libertad religiosa, pero de forma ambigua y subordinada a leyes (como el Código Penal) que amplían el control estatal.

En la práctica, la aplicación selectiva de la ley permite al Estado intervenir cuando considera que una actividad religiosa "amenaza" el orden establecido, lo que genera un ambiente de autocensura y temor entre las comunidades de fe.